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Telefonía celular, ¿obran bien las autoridades al reglamentarla?

GregPor: Greg Alvarez
iMeil.com.mx
Diciembre 13, 2008

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Telefonía celular, ¿obran bien las autoridades al reglamentarla?

Antecedentes

En el artículo Portabilidad, un vistazo desde el marketing, comentabamos sobre lo que la portabilidad presentaría para los usuarios --quienes serán los auténticos ganadores-- así como también indicamos cuál era nuestro 'gallo'.

A seis meses de iniciada la portabilidad, los políticos ya comienzan a hacer de las suyas limitando y poniendo trabas a uno de los servicios, al carecer de capacidad e inteligencia para atacar un mal que afecta a México como nación: la inseguridad.

Es bastante conocido el hecho de las amenazas que se realizan a través de teléfonos celulares, de los cuales se carece de datos para identificar quién los realiza.

Puesto que en San Lázaro se han recibido reiteradamente este tipo de amenazas, es que se toma acción para limitar su operación.

Pero lejos de crear un marco contextual o proceso con bases bien cimentadas --en el cual se involucren estudios, análisis y definición de modelos-- que apoyen en la identificación y erradicación del problema, se decantan por la vía fácil y trasladan a las empresas privadas la responsabilidad de controlar el servicio a través de obtener los datos completos --incluso con la toma de huellas dactilares-- del comprador en cualquier modalidad de servicio (sea éste un plan mensual o tarjeta prepagada.)

Si bien todos exigimos mayores niveles de seguridad, lo que se sugiere de parte de los legisladores no es la forma correcta de hacerlo, pues se trata de realizar a través de medios o instancias cuyo rol no es otro más que permitir que la actividad económica mantenga su dinamismo.

Es decir, no corresponde a la industria privada la administración y manejo de datos de usuarios que, con el conocimiento de la penetración de la delincuencia organizada en todas las esferas sociales, en un momento determinado podrían crear mayores problemas que ofrecer soluciones. Sobre todo que a esta información se la contempla con fines estrátegicos y/o tácticos para cerrarle puertas a la delincuencia.

Un proceso de varios niveles

¿Por qué? Porque es muy infantil la forma en que los diputados conceptualizan el servicio. Demuestran un desconocimiento de la forma en que las empresas de telefonía lo ofrecen. ¿Acaso viven en otro mundo y nunca han circulado por las principales avenidas, donde cualquiera puede ver gente vendiendo, entre chicles, dulces, cigarros y demás "bocadillos", tarjetas prepagadas?

Si creen que las empresas de telefonía no cuentan con centros de distribución --ubicados incluso dentro de cualquier mercado o tienda departamental-- y que tales datos llegan directamente a un servidor o computadora bajo única y exclusiva supervisión, de los mismos datos, por parte de la empresa de telefonía en cuestión... simplemente puedo decir que "están fuera de toda realidad".

En el "proceso" de recopilación de los datos, éstos pasarían por muchas 'manos' antes de llegar hasta el servidor o base de datos final de la empresa prestadora del servicio.

¿Es que la historia no sirve para nada a los legisladores? ¿No recuerdan esa base de datos que se vendió a un medio de Estados Unidos con información de millones de mexicanos?

El golpe al mercado

Lo que se genera con estas acciones es una desconfianza total del consumidor, afectando, principalmente, a las empresas que ofrecen este servicio. En especial, Telcel se vería seriamente afectada pues cuenta con aproximadamente 55 millones de usuarios bajo la modadlidad de prepago, de los ya casi 80 millones de telefonía celular (un incremento de 9 millones desde la publicación del artículo referenciado en el primer párrafo).

Si en el mismo gobierno existe fuga de información, contando con, supuestamente, controles estrictos de acceso a la misma, ¿qué se puede esperar que ocurra con tantos puntos en los cuales la información estará sin realmente seguridad alguna?

Hagamos cuentas. Mencionamos que Telcel tiene, aproximadamente, 55 millones de usuarios. Se está dando un plazo máximo para que este registro se realice en 12 meses. Se requieren, no obstante, de un promedio de seis meses para desarrollar los sistemas que darán soporte al cumplimiento de esta ordenanza, incluyendo la capacitación a los diferentes distribuidores autorizados de las empresas de telefonía, y la instalación de la infraestructura tecnológica que se requerirá, tanto dentro de las instalaciones de la prestadora del servicio, como de cada uno de los distribuidores a lo largo y ancho del país.

Supongamos que Telcel tendrá seis meses para realizar el registro completo. Esos 55 millones de clientes implica registrar 9 millones 666 mil en forma mensual; 2 millones 291 mil en forma semanal; 327 mil por día; y 40,922 por hora, considerando ocho horas diarias, de lunes a domingo, para tales fines.

¿Quién pagará todos esos costos? ¿El prestador del servicio? ¿El distribuidor autorizado? ¿El gobierno? Seremos nosotros, usuarios finales del servicio, los que habremos de pagar todas esas reglamentaciones que los legisladores generan... sería oportuno conocer quiénes son sus asesores.

En estos tiempos de crisis financiera y económica mundial, ¿les parece sensato que se incite a una escalada de precios desde el mismo gobierno? Obvio que no. Es claro que el objetivo es otro, más allá de reducir 'canales' a la delincuencia.

La visión errónea

A continuación presento el por qué considero que la reglamentación es una decisión errónea y tomada en base a criterios subjetivos en lugar de estudios reales que permitan implementar modelos.

Primero, en lugar de inhibir estas situaciones, se corre el riesgo de incrementar los delitos. Sobre todo aquéllos relacionados con un secuestro "exprés" del poseedor del celular. No es que realmente le necesiten, pero para que evite reportar el robo de su celular, le retendrán hasta que hayan cometido el delito. Y al no requerirle, se podría correr un riesgo mayor: privarle de la vida.

Segundo, la debilidad y corrupción de las aduanas podría originar entradas al país de celulares provenientes de otras latitudes, principalmente de Centro América. ¿Qué se hará, por ejemplo, para incrementar la seguridad de visitantes --de negocios o turismo-- que llegan con el celular de su país de origen?

Los visitantes corren el mismo riesgo que cualquier otro mexicano: ser secuestrado para utilizar su celular durante la realización de un delito. En los últimos años se ha desprestigiado mucho la imagen de México como marca país, no cometamos el error de incrementarlo con medidas a la ligera como la que hoy toman los legisladores.

Tercero, la entrega de la información, de requerirse, debe ser a autoridades de plena confianza. Entregarla a una Procuraduría sería un error, considerando las encuestas de la percepción que tiene la población en cuanto a estas dependencias.

Cuarto, no existe una cultura de inteligencia que se enfoque realmente a investigar, por lo cual el poseedor de un celular podría ser responsabilizado en forma errónea e injusta por un delito que no ha cometido.

Quinto, se podrían presentar alteraciones y falsificación de documentos. Desde la imposibilidad para cotejar en forma correcta que el comprobante de domicilio es válido, hasta que la huella dactilar no podrá ser corroborada, pues no existe un banco de datos al respecto.

En base a los puntos anteriores, podemos ver que la reglamentación ha sido realizada a la carrera, sin estudios que le sustenten y carente de directrices para su implementación. No es de sorprender estas acciones, pues ya se duda mucho de la calidad y objetividad de los legisladores.

¿Qué, entonces, se puede hacer?

Sin duda, implementar una reglamentación debe considerar que la seguridad pública y/o nacional no corresponde ser desarrollada o implementada por la industria privada. Es el Estado el que debe hacerse cargo de tales estrategias y tácticas. Reglamentar para imponer, en estas fechas, ya debería ser visto por los mismos legisladores como algo fuera de uso.

Desde nuestra perspectiva, el Estado puede realizar estas labores incluyendo a la industria privada, pero a un nivel que va más allá de los operadores.

Por ejemplo, para el rastreo deberían tomarse medidas que permitan que los celulares (sus nuevos modelos, por lo menos) puedan ser rastreados en cualquier punto del territorio nacional a través de satélite. Esto implica entrar en contacto con los fabricantes de los celulares, propiciando, así, un beneficio no sólo para México, sino para el resto de países que en un momento determinado puedan verse afectados en la misma forma (Argentina, Brasil, Colombia y Perú me vienen a la mente en forma automática.)

O bien, podría trabajarse en forma conjunta con los mismos fabricantes, de tal forma que cada unidad pueda ser rastreada mediante el uso de GPS y, partiendo de aquí, intentar establecer modelos mediante GIS para poder responder a situaciones de riesgo que puedan generarse en lo futuro. Es obvio que estos modelos GIS deberán ser desarrollados por un organismo gubernamental.

Es importante que nuestros representantes ya tomen soluciones de mayor nivel. Como bien les ha dicho Martí: "si no pueden, ¡renuncien!."

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